La Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida como Ley de Segunda Oportunidad, fue aprobada por el Gobierno hace unos seis meses para servir como balón de oxígeno para aquellos pequeños empresarios que han fracasado y no pueden hacer frente a las deudas contraídas para así evitar que se vean obligados a la liquidación de la totalidad de sus activos y al cierre de la compañía. Sin embargo, medio año después aún son muchas las dudas que genera.
Esta normativa tiene como objetivo favorecer los acuerdos extrajudiciales de pagos y la exoneración de deudas a particulares y pymes que están atravesando grandes problemas. Sin embargo no supone la condonación de las deudas contraídas con las Administraciones y contempla la obligación de pago en el futuro si el empresario fracasado vuelve a ganar dinero.
-¿Quién puede acceder?
Personas físicas: cualquier particular insolvente o que no pueda hacer frente a los pagos y que no haya acumulado más de 5 millones de pasivo.
Personas jurídicas: empresas que pudieran someterse a concurso abreviado por cumplir alguno de los requisitos del art. 190LC, que tenga recursos para sufragar el proceso y cumplir el acuerdo, sea o no sociedad de capital, por lo que no necesario actividad económica.
-¿Quién no puede?
Quedan excluidos quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
Además, las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores, tampoco pueden acceder. De la misma manera, quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite, se quedan fuera.
En este tiempo han surgido además voces, fundamentalmente de asociaciones de empresarios y emprendedores que aseguran que esta normativa no está cumpliendo sus objetivos por el exceso de requisitos y la elevada burocracia.
Servir de balón de oxígeno a los empresarios incapaces de afrontar sus deudas y evitar la liquidación total de sus bienes y su cierre es el objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad
Los que critican la falta de eficacia de la conocida como Ley de Segunda Oportunidad argumentan que es un proceso caro en el que se necesita la contratación de abogados y procuradores, un hecho difícil de satisfacer por la precaria situación que atraviesan los empresarios que la solicitan. En el pliego de requisitos para acogerse a esta nueva ley se establece que el empresario deberá de disponer de activos suficientes para satisfacer los gastos del acuerdo.
También ponen de manifiesto la inseguridad que conllevan sus continuos cambios, como el hecho de que la ley fue aprobada en julio del 2015 y el nuevo formulario con los requisitos necesarios para acogerse a este acuerdo judicial se publicó en el BOE del pasado 30 de diciembre.